El “mobbing” o acoso laboral es un problema de salud pública que debe legislarse en México, de acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de la Función Pública, en 258 dependencias gubernamentales hubo 26,000 casos de acoso sexual y sólo 8,000 fueron denunciados.
Del 70% de las empleadas que han sufrido un tipo de acoso sexual, 60% decide renunciar antes de acudir a denunciar o concretar el acto del acoso sexual. Mientras que 25% de estas mujeres es despedida por no dar cumplimiento a las peticiones del acosador.
La igualdad laboral sigue lejos de lo deseable, tan sólo en el ámbito laboral siete de cada 10 trabajadoras sufre acoso sexual y aunque esta cifra es muy elevada, en nuestro país la ley no se aplica, por lo que es muy complicado que haya castigo para quienes vulneran los derechos de las mujeres.
Para algunos especialistas el tema se observa como un fenómeno social, pero para otros es un problema de salud pública por todas las consecuencias que tiene a nivel mental, de salud y sobre todo de relaciones sociales.
La legislación puede ser perfectible, pero no la estamos aplicando, no es cuestión de mejorar las leyes sino de aplicarlas, añadiendo un cambio cultural. Las penas son muy bajas. Hace algunos años eran 40 días de multa de salario mínimo, evidentemente el castigo no era suficiente. Ahora tenemos de seis meses a dos años de prisión más una multa, pero al no aplicarse las leyes, la amenaza de prisión no espanta lo suficiente para que no se cometa el delito.
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